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A new Progressive Fiscal Order for Europe

It’s been 10 years since the Financial Crash of 2008 took place; an incident of such seismic proportions, that it rocked the global financial system down to the core. 10 years on, the common person is still suffering the aftermath through failed austerity programmes, massive cuts to public spending, wage stagnation and rising poverty levels. Europe is at a crisis and this is because of the neoliberal orthodoxy and failed perception that deregulation will promote the failed notion of ‘trickle-down Reaganomics.’ The recent bombshell exposé of the Panama/Paradise Papers have only gone on to affirm that the mega-rich and wealthy corporations and individuals cannot be trusted to regulate themselves. The grotesque levels of wealth funnelling and tax avoidance is not only immoral, but also enormously damaging to global economies. Whilst calls for regulation from Socialist parties are often labelled as ‘anti-business’ and ‘anti-aspiration’ – this is incredibly untrue. The OECD (Organisation for Economic Co-Operation & Development) and the International Monetary Fund have also stressed that equality in society has a direct correlation on efficiency. The PES parties are not against wealth creation and company profits, but rather they believe that Governments should play their part and work closely with businesses to create a working order where those who work the hardest to allow these businesses to thrive, are fairly compensated for their services. For too long, businesses have felt completely at ease with exploiting the labour force through low pay, zero-hour contracts, unpaid internships and other schemes which under the guise of providing ‘experience and opportunity’ exploit the workers. Furthermore, these companies find it completely morally acceptable to funnel those profits out of the countries they earn them in; to Tax-havens around the world, purely to minimise their tax contributions. We are very fortunate to be seeing a change in the political tide; we’ve seen a progressive anti-austerity government get elected in Portugal with Antonio Costa, we’ve also seen Pedro Sanchez and the Spanish Socialists recently take government; and in the UK, Jeremy Corbyn and the Labour Party are knocking on the footsteps of Downing Street … The time is perfect for S&D parties to create a joint European new economic order for the Ages. One which is fit for purpose in the new world, where we see new economic challenges emerging through digital economies and crypto-currencies. What we really need now, is the introduction of Europe-wide Public share registers so that Tax authorities across Europe can hold to account those who misuse the system. The way we change European Policy and tackle tax-avoidance head-on internationally, is to lead by example. We can’t, and will not, wait for others. We must tell the world “look at us and follow our lead.” This has gone on for too long, and as a result of waiting for someone else to start the charge; European states have potentially lost billions, and that will continue until the issue is addressed! And not every business is an evil, tax-dodging and labour-exploiting leech. However, the actions of the immoral few severely harm public perceptions of all businesses. The ones who play by the rules and pay their fair share are being hit the hardest, and we must break the cycle of rewarding malpractice; whether that be tax evasion or bankers’ bonuses. Only then can we win back the public’s trust!
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Tackling tax-avoidance head on and establishing a new fiscal order for Europe.

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En este contexto social, cualquiera podría pensar en la actual crisis en la que nos vemos inmersos y que no afectado únicamente a la economía y a los servicios sociales, sino que se ha extendido a toda la estructura organizativa, desde la crisis de representación política hasta la aparición de los nuevos partidos políticos, pasando por las inminentes crisis territoriales como la de Cataluña en España o el Brexit. Esta crisis, como es natural, también se ve reflejada en las demandas de la ciudadanía en cuestiones relativas a profundización democrática cuyo conocimiento y ejemplificación parecen más accesibles hoy en día debido a la bien conocida por todos, la Sociedad de la Información en la que vivimos. En este sentido, creo que es especialmente necesaria la democratización interna de los partidos políticos en estos tiempos, cuando este objetivo es compartido por muchas personas no sólo como sentimiento sino también como principio inspirador para el correcto funcionamiento de nuestro sistema político. Sin embargo, los resultados que muestran cuantiosos estudios sociológicos de carácter analítico de los comportamientos de la sociedad y sus instituciones a todos los niveles y en todos los ámbitos, son poco esperanzadoras. En los últimos años, se han registradolos perores resultados en encuestas oficiales de este tipo y los partidos políticos han bajado notablemente su valoración, generando desconfianza en la clase política como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Esta necesidad de democracia interna, no es una señal novedosa, sino que ha estado presente desde la aparición de los partidos de masas, esto es, que están cada vez están más alejados de la sociedad. Pero, a pesar de todo ello y de las recurrentes críticas, los partidos, siguen constituyendo el mecanismo asociativo más adecuado para canalizar la pluralidad política de la sociedad y para estructurar democráticamente los órganos de poder político de los Estados. De ahí la necesidad de seguir profundizando en la democratización interna de los mismos y en la plena vigencia en su interior de los derechos constitucionales de sus afiliados y afiliadas, como base del proceso de participación política democrática. Para ello, sería interesante, desde mi punto de vista, foto mecanismos, estructuras y/o procedimientos informales de organización con la perspectiva de evitar la tendencia de la ciudadanía a ver a los partidos desde un punto de vista meramente formal, de manera que esta visión minimice la importancia del realismo existente en las relaciones sociales y prácticas políticas presentes en las organizaciones. Pues, que los recursos de los partidos no sean estrictamente partidistas, ayuda a que los partidos alcancen sus metas y tengan una conexión fuerte con el electorado, lo que se convierte en un destacado condicionante de cualquier proceso de democratización interna de las formaciones políticas de un estado. A modo de resumen, podemos decir que es necesario descubrir cómo pueden conseguirse los mayores niveles de democracia interna en un partido. Y que, básicamente, esta consideración queda reducida a la elección de sus líderes y candidatos por sus afiliados y afiliadas a través de mecanismos competitivos; a la toma de decisiones de forma inclusiva y con la participación voluntaria de sus miembros; a la libertad de expresión interna y externa sin miedo a represalias y a que los candidatos/as, cargos públicos y autoridades rindan cuentas de sus actos a través de mecanismos de control efectivo que les conceda la confianza de sus bases asentada en el respeto de una serie de derechos, responsabilidades y garantías. En definitiva, parece que el futuro de los partidos políticos posiblemente esté asociado a una mayor transparencia en sus gestiones; a una mayor profesionalización de sus dirigentes políticos y al fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de sus actividades. Al fin y al cabo, los partidos más democráticos deberían suponer mayor número de recursos humanos y financieros para las actividades del partido; mayor legitimidad frente al potencial electorado y, en consecuencia, un mayor número de votantes y afiliados. A fin de cuentas, el objetivo final recae en la mayor confianza de los ciudadanos y que otorgará el éxito electoral y político a los partidos.

En los últimos años, la emigración desde las zonas menos desarrolladas hacia zonas más prósperas ha sido consecuencia directa del aumento de las desigualdades económicas en todas las partes del mundo en general. Asimismo, esta llegada de gentes de diversas culturas a otros países afecta a dos realidades interrelacionadas entre sí; la globalización y el multiculturalismo. Durante décadas ha existido un profundo debate entre los principales argumentos defendidos, de un lado, por liberales y, de otro, por comunitaristas. La clasificación que los divide tiene su origen en una forma de referencia un tanto ambigüa, debido a la amplia gama de teorías en ambas corrientes. Asimismo, a través de esta recopilación nos basaremos en la presencia de un conjunto de diferencias notables entre ellos. Por su parte el liberalismo, reúne un conjunto de doctrinas heterogéneas como el liberalismo igualitario o social y vertientes más radicales en cuestiones de independencia del individuo como el liberalismo individual, que ciertamente se opone al individualismo adoptado por el comunitarismo. Asimismo, una de las características primordiales del liberalismo, que a su vez lo dota de tintes de insuficiencia, es la defensa de una neutralidad por parte Estado, al que se le supone una actuación positiva. Frente a una diferencia clara con el comunitarismo que reivindica una política de la diferencia capaz de reconocer las peculiaridades de cada grupo con el claro objetivo de conseguir una democracia más inclusiva. De manera que, surge un debate ente la defensa de las minorías por parte del comunitarismo y la defensa de una cultura dominante por parte del liberalismo, el cual al mismo tiempo que da una imagen de esfuerzo por combatir la discriminación reforzando la legislación en la materia, propone que se puedan permitir determinadas modificaciones en las instituciones de la cultura mayoritaria. Por su parte, el comunitarismo distingue el concepto igualitario del de identidad, con el que busca el reconocimiento de unos derechos para los individuos pertenecientes al mismo grupo, a diferencia del concepto de igualdad amparado por los liberales, cuyos derechos son universales e iguales para todos. En definitiva, estoy a favor del pensamiento comunitario a la hora de atender las diferencias de los colectivos, algo imprescindible para evitar que algunas culturas minoritarias desaparezcan, y estoy de acuerdo con el fin de alcanzar la igualdad respecto de aquellos grupos más desfavorecidos. Por el contrario y a modo de crítica, el liberalismo me parece un sistema que establece límites en la defensa de los derechos de las comunidades lo que genera un déficit en el necesario reconocimiento de derechos de los ciudadanos, que entiendo como mecanismo corrector a la hora de garantizar derechos a ciertos colectivos, como por ejemplo el de la identidad cultural. Deduzco que el Estado no debe limitarse a defender los derechos de los individuos, sino también los de las comunidades culturales en las que éstos se integran. Finalmente, considero idónea la fórmula de comunitarismo, pero la revisión de ambos argumentos me hace considerar que la protección de las culturas de determinados grupos requiere que el reconocimiento de los derechos colectivos culturales sea condición necesaria para el ejercicio de la autonomía individual y merece la búsqueda de una identidad estrechamente ligada a la cultura; porque la identidad se forja en conexión con otros y depende por tanto del contexto social. Ese reconocimiento es necesario para alcanzar la igualdad respecto de aquellos grupos más desfavorecidos. En definitiva, todas las sociedades organizan su estructura en torno a los distintos fenómenos tanto naturales como culturales o sociales en los que intervienen o participan sus individuos construyendo asimismo una forma de presentarse al mundo. Cuando hablamos de cultura, hablamos de ese conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que avalan la historia de un pueblo, que se transmiten de generación en generación y que otorgan un sentido de pertenencia e identidad a los miembros de una comunidad. En las últimas décadas y desde una cultura política democrática de las naciones, se ha llegado a una idea de pluralidad que parte de la convicción de que cada cual tiene el mismo derecho a ejercer todas las libertades individuales de manera que cada sociedad se rija por una actitud tolerante frente a las distintas creencias existentes y en ocasiones contradictorias, dentro de un mismo espacio político. En este sentido, hablar del principio de pluralidad implica el reconocimiento genuino del otro y de su derecho a ser diferente.

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